Desventajas de la Ley de insolvencia que pocos cuentan

La radicación y aceptación de la solicitud de insolvencia se inscribe en las centrales de información financiera. No es un secreto que se pueda guardar: las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen acceso a la información y, en cuestión de semanas, todo el sistema sabe que el deudor está en trámite.

Mientras dure el proceso, y durante un período posterior, el acceso a crédito formal se cierra o se vuelve excepcional. Ningún banco le va a aprobar un crédito de vivienda a alguien que está negociando con sus acreedores actuales, y los créditos rotativos suelen suspenderse incluso para deudores que no participaban en el trámite.

El régimen no permite incluir cualquier deuda. La ley excluye, de manera expresa, varios tipos de obligaciones que sobreviven al acuerdo y a la liquidación.

• Cuotas alimentarias decretadas judicialmente. Quien debe alimentos sigue debiéndolos, y el acreedor alimentario conserva intactas todas sus herramientas de cobro.
• Obligaciones por daños y perjuicios causados por delito doloso —no por culpa, sí por dolo—. La responsabilidad civil derivada de un delito doloso no se extingue por la insolvencia.
• Multas y sanciones penales y, en los casos previstos por la ley, administrativas.
• Obligaciones laborales en lo que constituyan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. El antiguo empleado no pierde su acreencia laboral porque su antiguo patrono se haya declarado insolvente.
• Obligaciones tributarias en ciertos rangos definidos por la normativa fiscal, aunque algunas pueden incluirse con condiciones especiales.

La consecuencia práctica es que un acuerdo bien logrado puede dejar al deudor liberado de la mayor parte de su carga financiera pero seguir debiendo, por ejemplo, una cuota alimentaria atrasada. Saberlo antes de iniciar el proceso evita la frustración posterior.

Hay tres rubros que el deudor debe asumir, salvo cuando accede a un centro de conciliación gratuito —que existen, pero tienen aforo limitado y suelen estar copados—.

1. Tarifa del centro de conciliación o notaría, regulada por la Superintendencia y por el Ministerio de Justicia. El monto depende del valor del pasivo a negociar.
2. Costos de notificación y publicación, que comprenden los avisos a acreedores y los registros que la ley exige.
3. Honorarios profesionales del abogado, que dependen del número de acreedores, la complejidad patrimonial y la duración previsible de la negociación.

Quien ofrece una cifra cerrada para todo lo anterior antes de revisar el expediente está improvisando. El costo real solo se conoce tras un diagnóstico serio del caso, y conviene desconfiar de quien promete lo contrario.

La ley fija plazos breves: la audiencia debe celebrarse dentro de los sesenta días siguientes a la aceptación de la solicitud. En la práctica, en Bogotá, esos plazos se estiran. La saturación de los centros de conciliación, las dificultades para notificar a acreedores fuera del país, los aplazamientos por inasistencia de algún acreedor con voto significativo, son situaciones cotidianas que extienden el proceso.

A esa fase inicial se suma el cumplimiento del acuerdo. Un plan de pagos negociado a tres o cinco años implica, justamente, tres o cinco años de cumplimiento estricto, con supervisión y consecuencias claras en caso de incumplimiento. La insolvencia no termina cuando se firma el acuerdo; comienza ahí su parte más exigente.

Esta es la desventaja menos comentada y, en mi experiencia, la que causa los daños más serios. Una vez celebrado el acuerdo, su incumplimiento da paso al procedimiento de liquidación patrimonial. No es una posibilidad teórica: es la regla.

Eso significa que un deudor que radica la solicitud sin tener verdadera capacidad de cumplir el plan que negocia —porque la propuesta era voluntarista, porque los ingresos eran inestables, porque la situación familiar cambió— puede terminar en una liquidación que, con frecuencia, es peor que el escenario original. La radicación del régimen no es un seguro contra el fracaso del plan; es la puerta de entrada a un trámite que, si fracasa, conduce a la realización ordenada de los bienes.

La suspensión de procesos ejecutivos y el levantamiento de embargos benefician al deudor que radica la solicitud, pero no se extienden automáticamente a sus codeudores ni a sus avalistas. Estos pueden seguir siendo perseguidos por los acreedores con todas las herramientas de cobro disponibles.

La consecuencia, dolorosa pero frecuente, es que un familiar o socio que avaló la deuda termine respondiendo solo, mientras el deudor principal está protegido por el régimen. Hay maneras de tratar esto en el diseño del acuerdo, pero requieren conciencia previa del problema y conversación con el acreedor antes de la audiencia.

Las desventajas anteriores son reales, pero no convierten al régimen en una mala herramienta. Lo convierten en una herramienta que sirve para lo que está diseñada y no para otra cosa.

El régimen vale la pena cuando se cumplen, sin retórica, tres condiciones: hay cesación de pagos en sentido técnico —no solo la sensación de estar apretado—; existe una propuesta de pago sustentada en flujo de caja real, no en proyecciones optimistas; y el deudor está dispuesto a vivir, durante varios años, con las restricciones que el proceso impone a cambio de la protección que ofrece. Cuando esas tres condiciones se cumplen, las desventajas son un precio razonable. Cuando no, conviene buscar otro camino.

Conocer las desventajas no es desincentivar; es informar. El deudor que entra al régimen sabiendo sus limitaciones lo aprovecha mejor que el que llega con la expectativa de "borrón y cuenta nueva". El régimen colombiano no es eso. Es una herramienta procesal seria, con costos y restricciones, que cuando se aplica al caso correcto, ordena lo que de otra forma no se puede ordenar. Quien la usa con claridad sobre sus límites termina en mejor lugar; quien la usa esperando una solución mágica suele terminar en peor lugar del que estaba.