Insolvencia: persona natural, comerciante o empresa

La distinción no es solo de nombre. Cada régimen responde a una lógica económica distinta. La empresa en cesación de pagos tiene activos productivos cuyo valor en operación es mayor que en liquidación; conservar la actividad empresarial protege empleos y proveedores, no solo al deudor. La persona natural en cesación de pagos no tiene una empresa que conservar; tiene patrimonio personal, ingresos laborales o profesionales, y obligaciones de consumo. La lógica de uno y otro régimen difiere por la realidad económica que regulan.

El pequeño comerciante está en un terreno intermedio: tiene actividad mercantil, pero a una escala donde la sofisticación del régimen empresarial sería desproporcionada. Por eso la ley lo asimila al régimen de persona natural, con presupuestos propios.

• Persona natural no comerciante: artículos 531 a 576 del CGP (Ley 1564 de 2012), modificados por la Ley 2445 de 2025. Operadores: centros de conciliación, notarías, jueces civiles.
• Pequeño comerciante: mismo régimen del CGP, con la salvedad del artículo 532 modificado por la Ley 2445 que define el concepto (activos inferiores a 1.000 SMLMV y criterios complementarios de volumen y actividad).
• Empresa, comerciante mediano o grande, persona jurídica: Ley 1116 de 2006. Autoridad: Superintendencia de Sociedades. Procedimientos propios: reorganización y liquidación judicial.

Es el régimen pensado para el deudor de consumo: asalariado, profesional independiente, rentista, jubilado. Quien no ejerce actividad mercantil de forma profesional u habitual. Tres procedimientos lo conforman: negociación de deudas ante centro de conciliación o notaría; convalidación judicial de acuerdo privado ante juez civil municipal; y liquidación patrimonial ante juez civil del circuito.

Los presupuestos para acogerse están en el artículo 538 del CGP modificado: cesación de pagos (mora superior a noventa días en dos o más obligaciones, o dos o más procesos ejecutivos en curso), umbral del treinta por ciento del pasivo total, y ausencia de procedimiento previo en los seis años anteriores. Hay una guía detallada sobre los requisitos que desarrolla cada uno.

El pequeño comerciante comparte el régimen del CGP con la persona natural no comerciante. La diferencia operativa está en la calificación: para ser pequeño comerciante, el deudor debe ejercer actividad mercantil pero con activos inferiores a 1.000 SMLMV. La Ley 2445 de 2025 añadió criterios complementarios —volumen de operaciones y actividad— para resolver casos de microcomercio que antes quedaban en zona gris.

En la práctica, el pequeño tendero, el pequeño taller, el profesional con consultorio formalizado pero de escala modesta, suelen entrar en esta categoría. La consecuencia es que pueden acogerse al régimen ágil del CGP en lugar de tener que ir al procedimiento más costoso y formal de la Ley 1116, que sería desproporcionado para una escala como la suya.

La Ley 1116 regula la insolvencia de personas jurídicas y de comerciantes que excedan el umbral del pequeño comerciante. Su autoridad competente es la Superintendencia de Sociedades, no los centros de conciliación. Contempla dos procedimientos principales: la reorganización empresarial —análoga conceptualmente a la negociación de deudas, pero con un nivel de formalidad mayor— y la liquidación judicial.

Las diferencias prácticas con el régimen del CGP son varias y sustanciales.

• Autoridad: Superintendencia de Sociedades (régimen empresarial) vs. centros de conciliación, notarías y jueces civiles (régimen del CGP).
• Promotor: en reorganización empresarial se designa un promotor que conduce el trámite, función ausente en el régimen del CGP.
• Verificación de créditos: en reorganización empresarial es un proceso formal con calificación y graduación de créditos por categorías; en el CGP es más simple.
• Duración: el régimen empresarial suele extenderse considerablemente más en sus etapas iniciales.
• Costos: el régimen empresarial implica costos más altos —tarifas de la Superintendencia, honorarios del promotor, asesoría especializada—.
• Información requerida: el régimen empresarial exige información financiera contable detallada que la persona natural no necesita aportar.

El profesional independiente con un equipo pequeño

Un abogado, médico, contador o ingeniero independiente que factura por su propia cuenta sin constituir sociedad es, normalmente, persona natural no comerciante. Si tiene un consultorio o una oficina con uno o dos asistentes contratados, sigue siendo persona natural no comerciante: la actividad profesional, por su naturaleza, no es actividad mercantil propiamente dicha en el sentido del Código de Comercio.

El comerciante informal sin registro

Quien tiene un negocio sin formalizar —un puesto en plaza, una venta por catálogo, un emprendimiento sin registro mercantil— ejerce actividad mercantil de hecho, aunque no esté inscrito en el registro mercantil. A efectos del régimen, lo relevante no es la inscripción sino el ejercicio efectivo. Si la actividad es habitual y profesional, técnicamente es comerciante; si los activos son inferiores al umbral, califica como pequeño comerciante.

La sociedad familiar pequeña

Una SAS familiar con activos modestos, aunque opere a pequeña escala, es persona jurídica y le aplica la Ley 1116. No puede acogerse al régimen del CGP. Si el negocio enfrenta cesación de pagos, el camino es la reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades; si los socios personalmente también enfrentan cesación de pagos por avales otorgados, pueden eventualmente acogerse al régimen del CGP en condición de personas naturales, pero por sus obligaciones personales.

El comerciante mediano que cree ser pequeño

Es el caso más frecuente. Un comerciante con activos cercanos a 1.000 SMLMV asume que califica como pequeño y radica al centro de conciliación. El operador, al revisar la documentación patrimonial, devuelve la solicitud porque el deudor excede el umbral. Pierde tiempo, vuelve a empezar bajo el régimen empresarial. La verificación previa del umbral es decisiva.

Acudir al régimen equivocado tiene consecuencias serias.

• Inadmisión y devolución: el operador no puede tramitar lo que no le compete. La devolución son semanas perdidas.
• Mientras tanto, los acreedores siguen activos: la suspensión de procesos ejecutivos solo opera cuando la solicitud se acepta válidamente. Una solicitud devuelta no produce efectos protectores.
• Costos duplicados: empezar de nuevo en el régimen correcto implica nuevas tarifas, nuevos honorarios profesionales, nueva preparación documental.
• Eventual pérdida de oportunidades: en algunos casos, la mala radicación inicial puede generar precedentes desfavorables que el deudor no logra corregir cuando radica correctamente.

• Norma aplicable — PNNC y pequeño comerciante: artículos 531-576 del CGP (Ley 1564 de 2012) modificados por Ley 2445 de 2025. Empresa: Ley 1116 de 2006.
• Autoridad — PNNC y pequeño comerciante: centros de conciliación, notarías, jueces civiles. Empresa: Superintendencia de Sociedades.
• Procedimientos — PNNC y pequeño comerciante: negociación, convalidación, liquidación patrimonial. Empresa: reorganización empresarial, liquidación judicial.
• Promotor — PNNC y pequeño comerciante: no aplica. Empresa: figura central designada al inicio del trámite.
• Activos del deudor — PNNC: sin tope (es persona natural). Pequeño comerciante: menos de 1.000 SMLMV. Empresa: cualquier escala.
• Cesación de pagos — PNNC y pequeño comerciante: mora superior a 90 días en 2+ obligaciones, o 2+ procesos ejecutivos. Empresa: criterios análogos pero con verificación contable.
• Umbral cuantitativo — PNNC y pequeño comerciante: deudas en mora ≥30% del pasivo total. Empresa: la calificación de cesación de pagos se hace por análisis contable.

La elección del régimen no es estética ni administrativa: define el marco legal completo en que se va a tramitar la situación financiera del deudor por los próximos años. La lógica detrás de los tres regímenes responde a realidades económicas distintas, y cada uno tiene su sentido. Equivocar el régimen es uno de los errores más caros que un deudor puede cometer; verificarlo antes de cualquier preparación documental es lo que separa un trámite ordenado de uno que se devuelve.